Debía entrar a regir desde el 1 de marzo. La decisión implica la modificación de varios artículos de la ley 27.063. Ahora queda en manos de la Comisión bicameral de Monitoreo e Implementación su nueva puesta en funcionamiento. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que llevará "varios años" su aplazamiento.
29-12-2015
A poco de terminar el año, y a poco de haber asumido la presidencia, Mauricio Macri continúa firmando Decretos de Necesidad y Urgencia, que poco parecen tener de necesarios y menos aun de urgentes.
El Código Procesal penal, en rigor, debía entrar en vigencia el 1 de marzo, pero ya con dos meses de antelación el mandatario que parece preferir la lapicera del decreto a la legitimidad del Congreso, decidió suspender su implementación. Casualmente (o no tanto), algo que pedían muchos de los integrantes del poder judicial. Muchos de los jueces, para ser más específicos.
La norma modifica el cronograma establecido por la Ley 27.150, aprobada el 10 de junio pasado, que indicaba que el nuevo Código entraría en vigencia en la Justicia Nacional el primer día de marzo de 2016.
De acuerdo a lo que establece el artículo 1° del nuevo DNU, la suspensión entrará en vigencia de acuerdo con el "cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura".
En otro de sus artículos, el decreto indica que se establecerá un "Plan Progresivo de Asignación de Recursos" para el Ministerio Público Fiscal que estará integrado por representantes de esa cartera, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo código y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De la misma manera, en el artículo 65 se indica que será convocada una Comisión Técnica a los efectos de "establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el Ministerio Público de la Defensa de la Nación".
La explicación del gobierno para la "necesidad y urgencia" de esta nueva norma por decreto es que considera que su implementación "en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia".
También señala que la suspensión tiene "la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada".
En tanto, el artículo 7° establece que el jefe de Gabinete de Ministros queda facultado a partir de hoy para efectuar las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias, en cumplimiento del artículo 37 de la ley 24.156. O sea, el DNU también suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación", que manejará Marcos Peña.
"El presente no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público", agrega el decreto.
"Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", señaló ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano.
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